Contraloría terminó auditoria en la Gobernación de Alto Paraná
Los funcionarios de la Contraloría General de la República, encabezados por el jefe de equipo, licenciado Luis Traversi, secundado por el licenciado Eduardo Espínola, Alberto Mariño y Alberto Miranda, finalizaron la auditoria de gestión de la Gobernación de Alto Paraná encomendada por la Cámara de Diputados el año pasado para todas las gobernaciones.
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La auditoria de gestión consistió específicamente en una revisión de la administración basada en el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el plan financiero previsto por el Ministerio de Hacienda en el ejercicio fiscal 2005. |
Esta auditoria se ha iniciado recién este año a raíz de la falta de recursos para el pago de los auditores. Los funcionarios de la Contraloría comenzaron a examinar las documentaciones del ejecutivo departamental desde el lunes de la semana pasada .
La auditoria de gestión consistió específicamente en una revisión de la administración basada en el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el plan financiero previsto por el Ministerio de Hacienda en el ejercicio fiscal 2005.
Según el licenciado Carlos Miranda, el trabajo que realizaron en cuanto a la verificación de documentaciones, no corresponde específicamente a la búsqueda de irregularidades, sino al cumplimiento de lo establecido en el plan de desarrollo financiero del ejercicio fiscal, según lo estipulado por la ley general de presupuestos para las gobernaciones y todas las instituciones del estado, que deben presentar sus planes y programas de acción.
Así mismo aclaro que se tiene también en cuenta, el análisis de algunos puntos como ser algunas denuncias realizadas por la prensa en cuanto a la existencia o no de obras y malversación de fondos pero el enfoque principal esta en el cumplimiento del cronograma de desarrollo de planes y programas de acción que beneficien a la población.
El análisis de las extensas documentaciones consiste en el levantamiento de la mayor cantidad de datos para ser analizados en la capital del país en forma minuciosa para expedir en unos treinta días un dictamen donde se aconsejan algunas correcciones en las documentaciones que se remitirán al ejecutivo departamental y a la Junta Departamental para el descargo correspondiente y para las correcciones que fueren necesarias.
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