Las mujeres detenidas, de extracto social humilde, eran reclutadas en el país y les ofrecían la posibilidad de viajar a España y conseguir trabajo.
En Paraguay la red usaba una agencia de viajes para la tramitación de los desplazamientos.
Algunas de las mujeres habían hipotecado sus propiedades para poder viajar a España, donde fueron hospedadas en casas de citas y obligadas a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída, fijada de manera arbitraria por la organización en 5.500 euros (alrededor de 8.500 dólares).
Las mujeres eran controladas por una mujer de confianza de los traficantes, sometidas a unos horarios prolongados y vigiladas con cámaras.
El dinero obtenido a través de los contactos con los clientes era fiscalizado por la encargada de los inmuebles respectivos, quien entregaba el cincuenta por ciento a cada uno de los administradores y el otro cincuenta por ciento era destinado a amortizar la deuda contraída.
La recaudación mensual en cada una de las casas de prostitución oscilaba entre 40.000 y 60.000 euros (más de 90.000 dólares).
Las mujeres cambiaban de casa periódicamente, sin posibilidad de mantener contacto con el exterior ni poder efectuar llamadas telefónicas.
La investigación fue iniciada por la Policía de Bilbao al descubrir que en una casa de citas de la localidad de Erandio una chica extranjera era obligada a ejercer la prostitución.
Las investigaciones posteriores determinaron que con la misma denominación y administradas por la misma empresa operaban otros dos establecimientos similares en las localidades de Zizur Mayor, en la región de Navarra, y en Santander.
Las fuerzas de seguridad de Cantabria habían recibido con anterioridad una denuncia anónima en la que se daba cuenta de la existencia de un inmueble en Santander, en el que diez ciudadanas extranjeras eran presuntamente coaccionadas a ejercer la prostitución en contra de su voluntad.
De manera coordinada se puso en funcionamiento un operativo policial en las tres regiones.