Situación de Zacarías se complica e involucra a la Corte

Lo sostienen los que lo han denunciado ante la Fiscalía General del Estado por “Exacción y Enriquecimiento Ilegítimo”, solicitando la investigación de su administración.

Los denunciantes esperan que la Fiscalía General del Estado, asuma una decisión respecto a la denuncia formulada contra Zacarías Irun, y que en la tarde de hoy podrían haber novedades, aunque reconocen que el Intendente Municipal de Ciudad del Este se halla muy bien protegido por algunos Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

En tal sentido señalan que la Corte le benefició al Intendente Javier Zacarías Irun, con una resolución por la cual nada menos, ha suspendido los efectos del artículo 281 de la Constitución Nacional, impidiendo que la Contraloría General de la República controle o audite su gestión administrativa y financiera, haciendo que el Tribunal de Cuentas, cada año le de cobertura y blanquee anualmente su ejecución presupuestaria.

Lo grave dicen, es que esa resolución, que es un AI (Auto interlocutorio) es transitoria, pero que esta en vigencia hace varios años, violando la Constitución Nacional.

Los denunciantes que tienen en su poder copia de dicha resolución, dicen que es igual a la que tiene Víctor Bernal, Director General Paraguayo de Itaipú, por lo cual ambos políticos y administradores no pueden ser molestados por la Contraloría General de la República, constituyéndose de esta manera: La Municipalidad de Ciudad del Este e Itaipú Binacional en las dos únicas instituciones de la República que no pueden ser investigadas por nadie.

CASO TORIBIO CARDOZO

Este personaje, que funje de dirigente gremial entre los vendedores de la vía pública de Ciudad del Este, y Carlos Ávalos ex Director de Recaudaciones de la Municipalidad, fueron defenestrados en aquel caso de la venta de casillas en el micro centro instaladas en la avenida San Blas tras la primera etapa de recuperación de espacios públicos y reurbanización del micro centro.

Toribio Cardozo, en un operativo relámpago hecho por el fiscal anti-corrupción Arnaldo Giuzzio, por la venta de casillas, fue sorprendido con 20.000 dólares en su poder por la venta ilegal de las casillas.

Giuzzio intervino la oficina de Carlos Ávalos y allí se encontraron los contratos de venta de las casillas que Toribio Cardozo intermediaba.

Toribio Cardozo fue preso, y sobre Carlos Ávalos se dictó orden de captura. El primero, desesperado amenazó con revelar todo el negociado e identificar a los autores intelectuales y principales beneficiarios.