| La propaganda negra continúa
Por Yaifred Ron
Periodista venezolana.
La propaganda negra contra gobiernos democráticos y populares, el eje CIA-SIP continúa aplicándolos en América Latina, siendo obvia su utilización en el caso de Argentina, con la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; Bolivia, con el gobierno de Evo Morales; Ecuador, con el presidente Rafael Correa; y Venezuela, con la Revolución Bolivariana impulsada por el presidente Hugo Chávez.
En el año 2005, el ex presidente de la SIP, Danilo Arbilla, denunciado por su vinculación con la dictadura uruguaya, cargó contra el gobierno del presidente Néstor Kirchner, al cual acusó de “manejar la publicidad de manera selectiva” y “tratar con desconsideración” a los medios de comunicación. La queja de Arbilla iba dirigida a la disposición del gobierno argentino de distribuir la publicidad oficial con criterio de equilibrio, entre los medios pequeños, medianos y grandes.
Contra Evo Morales, en el año 2006, la SIP señaló que en Bolivia estaba en peligro la libertad de prensa ante el propósito de apoyar la formación de una red de medios comunitarias, a pesar de que estos medios constituyen una herramienta para la democratización de las comunicaciones, a través de la gestión de las propias comunidades.
En cuanto al gobierno de Rafael Correa, el periodista ecuatoriano Alberto Maldonado ha denunciado que la SIP ubica al presidente Correa como “hostil a la prensa”, sólo por sus expresiones para calificar a determinados medios y representantes de la prensa, frente a acusaciones y calificativos que estos han usado en su contra sin ninguna discreción.
Sobre Venezuela, la SIP ha vertido numerosas acusaciones a lo largo del gobierno del presidente Hugo Chávez, reiterando el modelo de propaganda negra, según el cual estaría en peligro la libertad de expresión.
En el caso de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión —conocida como Ley Resorte— en el año 2004, la SIP, fiel a su precepto de que “la mejor ley de prensa es la que no existe”, afirmó que esta legislación estimulaba la censura previa, cuando en realidad buscaba promover el derecho del pueblo a una información oportuna y veraz. Sin embargo, en abril de 2002, la SIP avaló el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Venezuela y no se pronunció sobre el black out informativo de los canales privados el 13 de abril, ni sobre el cierre de Venezolana de Televisión durante el efímero gobierno de facto.
Por otra parte, el lazo de la patronal de la prensa con los intereses de Estados Unidos ha quedado de nuevo en evidencia, como lo destaca Steinsleger, cuando el 13 de octubre de 2003, la entonces consejera de seguridad nacional, Condoleezza Rice, ordenaba en teleconferencia a la Asamblea General de la SIP, apoyar al gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, cuya dimisión pedían los bolivianos luego de una intensa represión policial. |
