El lenguaje de la SIP. ¿Libertad de prensa o libertad de empresa?

En su lenguaje oficial, la SIP se esmera en utilizar conceptos que legitiman su comportamiento y la autoerigen en un referente a la hora de definir qué es la libertad de prensa y de decidir quién respeta esta libertad y quién no.

No obstante, cuando hace esto, está incurriendo en la usurpación de un derecho colectivo de los pueblos y oculta en nombre de quiénes actúa verdaderamente esta organización patronal. Veamos algunos ejemplos:

* La SIP se empeña en hablar como representante de los periodistas, pero se trata de una organización empresarial que sólo representa a los dueños de los medios. Por lo tanto, no puede hablar en nombre del gremio periodístico, como lo han denunciado periodistas de todo el continente.

* La SIP se abroga el derecho de decidir quién viola y quién respeta la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho individual, del cual se deriva la libertad de prensa, pero en el tiempo de los medios masivos se convierten en un derecho colectivo. Es entonces un derecho de la sociedad y no de los dueños de la gran prensa. Dejarlo efectivamente en sus manos, es como si confiáramos que el derecho a la salud fuera defendido y definido sólo por las grandes clínicas privadas.

La SIP utiliza la libertad de prensa para presionar en la opinión pública. Al presentarse como los encargados de definir en cuáles países hay libertad de prensa y en cuáles no, consiguen mantener presionados a los gobiernos y presentarse ante la opinión pública con un valor que no tiene. Recuerda además que se nos oferta la concepción dominante de la libertad de expresión como un exclusivo privilegio de los dueños de los medios.

En definitiva, ¿quién tiene derecho a la libertad de expresión, sino la sociedad? Es por eso que se denuncia con frecuencia la pretensión de la SIP de fusionar la libertad de prensa con la libertad de empresa, que no es más que la defensa de su capacidad de realizar negocios:

Siendo esta sociedad una agrupación nucleada con base en propietarios y editores de periódicos, la libertad de prensa que dice defender no puede ser otra que la libertad de empresa que necesitan sus miembros para participar en el comercio de la prensa y utilizar la noticia con una mercancía u objeto de consumo.

* La SIP pretende definir, sin la participación de otras instancias de la sociedad, qué es la libertad de expresión, un derecho que no les ha sido otorgado y del cual se han apropiado a partir de su poder económico. Esta pretensión de la SIP es muy clara en su Declaración de Chapultepec, en la cual se expresa una apología de un concepto de libertad de prensa que pretende una prerrogativa de los medios de difusión. La organización empresarial inició el proyecto de Chapultepec en 1994 y actualmente asegura que los diez puntos establecidos en la Declaración se han establecido como “el estándar reconocido mediante el cual el hemisferio mide la libertad de prensa y expresión”. De hecho, aseguran que a partir de 1994, se ha tomado “un concepto abstracto”, como el de libertad de expresión y se le ha dado una configuración que ha permitido que la gente ya no dé respuestas “confusas, esporádicas e incoherentes” cuando se le pregunta qué es libertad de expresión.

* La SIP invariablemente se presenta como la defensora de la prensa independiente. Vistos los cuantiosos ejemplos de manipulación y desinformación, habría que preguntarse, ¿esa prensa es independiente de qué? Independiente de los intereses populares; dependiente de los dueños del dinero y del poder.

* La SIP se opone duramente al concepto de información veraz, alegando que si lo aceptan tendrían que rendirles cuentas a los gobiernos, y que estos podrían censurar a la prensa al ser los que definan qué es la información veraz. Es esta una falsa dicotomía, porque es la sociedad la encargada de denunciar a los medios cuando mienten. El dilema no es SIP vs. Gobierno, sino SIP vs. Sociedad.

La SIP siempre se ha manifestado en contra de las leyes de prensa, defendiendo en su lugar el concepto de autorregulación. Sin embargo, el hecho de que alguien tenga dinero para poseer un medio de prensa que alcanza a centenares de miles o millones de personas, no lo coloca sobre la sociedad o al margen de la sociedad; igual debe responder y asumir una responsabilidad ética y social; si no, estaríamos ante la paradoja de un poder antidemocrático que actúa como contralor de otro poder, este sí democráticamente constituido, sin tener que rendir cuentas y sin posibilidad de ser cambiado. Habría que recordar que la prensa se apoya para su existencia en preceptos constitucionales que no se compraron con dinero, sino con el sacrificio y la sangre de todos los que lucharon por tener independencia.