La SIP defiende el viejo orden

La Sociedad Interamericana de Prensa no sólo ha desatado campañas en contra de gobiernos legítimos, sino que ha tocado también a organizaciones internacionales del propio sistema de Naciones Unidas, que se han puesto al lado de los pueblos latinoamericanos en la lucha por la democratización de las comunicaciones.

Así ocurrió en los años setenta contra la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cuando ésta promovía el derecho de los Estados a establecer políticas comunicacionales.

En esa década, los países no alineados iniciaron un ágil movimiento exigiendo la creación de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) que superara las injusticias del orden que prevalecía hasta el momento. Aparejado a este NOEI, el Movimiento de los No Alineados, en su Declaración de Argel de 1974, proclamó la necesidad de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC), que contribuyera a la democratización de las comunicaciones, utilizando entre otras fórmulas, la definición de políticas nacionales de comunicación. Denunciaba al sistema informativo existente como un instrumento de dominación.

La respuesta de Estados Unidos contra esta propuesta fue inmediata y constituyó una cerrada defensa a la doctrina del libre flujo de la información, en lo cual de nuevo la SIP actuó como su aliada. A esa doctrina, los países del llamado Tercer Mundo oponían la exigencia de un flujo equilibrado, a través de la reestructuración de los sistemas de información y comunicación, contra la unidireccionalidad de los mensajes y la concentración mediática.

Las denuncias contra ese “libre flujo” encontraron un aliado en el informe “Un solo mundo, voces múltiples”, presentado en 1980, resultado del trabajo de una comisión nombrada por la UNESCO y presidida por el Premio Lenin y Premio Nobel de la Paz, Sean MacBride. En ese documento, conocido como Informe McBride, se exponía el desequilibrio del flujo informativo y se planteaba la necesidad de mayor justicia en el intercambio de información, así como de menor dependencia en relación a las corrientes de comunicación.

La SIP se convirtió en una de las más feroces voces opositoras al NOMIC y a la implementación de Políticas Nacionales de Comunicación (PNC), en una actitud reaccionaria de lucha contra cualquier posibilidad de democratización de la comunicación, que lógicamente atentaría contra los intereses de los poderosos grupos mediáticos.

El argumento central que alzaron en su ofensiva contra el NOMIC fue el más trillado de toda la época de la Guerra Fría: ese nuevo orden olía a conspiración comunista y estaba impulsado por la Unión Soviética.

Para frenar cualquier acción gubernamental que favoreciera la democratización comunicacional, la SIP se unió a otra patronal regional, la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR). Ambas atacaron además en otro frente, al descalificar la acción de la UNESCO, que había decidido impulsar el Nomic, estableciendo el vínculo entre comunicación y desarrollo. El acoso contra la UNESCO no cesó hasta que Estados Unidos e Inglaterra anunciaron su retiro del organismo, denunciando la politización de este foro.

El castigo sufrido por UNESCO es una de las principales lecciones que pueden sacarse en cuanto a la terrible fuerza que las organizaciones de agencias y medios noticiosos occidentales, en especial estadounidenses, tienen, no solamente en cuanto a capacidad específica para influenciar opinión a través de la tergiversación de la información, sino en cuanto a la capacidad para presionar directamente los gobiernos y obtener resultados políticos de tal gravedad en la escena de los organismos del sistema internacional de las Naciones Unidas.