Amnistía Internacional denuncia torturas en Paraguay
Amnistía Internacional (AI) dice que malos tratos de fuerzas de seguridad persisten en más de 100 países; pero esta vez denuncia tortura en Brasil, Chile, México, y Paraguay.
Este lunes 25, Amnistía Internacional (AI) denunció que las torturas y malos tratos como resultado de la acción de las fuerzas de seguridad persisten en más de cien países, entre ellos algunos de Latinoamérica, como México, Chile, Paraguay y Brasil. En un comunicado emitido desde su sede en Londres, la organización hace la denuncia con motivo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura , que se celebró ayer martes 26 de junio, y ofrece datos ilustrativos de su informe anual de 2007.
PEOCUPANTE
"Es preocupante el hecho de que hoy en día no todos los países tomen medidas para erradicar todas las formas de tortura patrocinadas por el Estado, y que algunos de ellos, incluso, la estén fomentando, mientras otros cierran los ojos o permiten que otros países la practiquen en su nombre", afirma AI.
MÉXICO
En México, la organización pro derechos humanos afirma que siguen siendo habituales "la detención arbitraria, los malos tratos, la tortura y la vulneración del derecho al proceso debido de presuntos delincuentes".
CHILE
AI también menciona a Chile, de donde este año "se recibieron informes sobre la existencia de condiciones muy duras en las cárceles, hacinamiento, falta de atención médica, malos tratos y corrupción entre los guardias de prisiones".
PARAGUAY
Otro país latinoamericano criticado por Amnistía es Paraguay, donde, asegura, que "en las prisiones existe un grave problema de hacinamiento y los reclusos soportan duras condiciones, que en algunos casos constituyen trato cruel, inhumano o degradante".
BRASIL
Sobre Brasil, AI indica que continúa "el deterioro del sistema de justicia penal ante la prolongada negligencia del gobierno federal y los gobiernos estatales".
Según la organización, "las reformas prometidas (en Brasil) no se pusieron en práctica, por lo que los sistemas policial, judicial y penitenciario, carentes de capacitación y recursos económicos suficientes, se ven obligados a tratar de forma inadecuada con unos índices extremos de violencia delictiva".
"Esto, agrega AI, contribuye a que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cometan violaciones sistemáticas de derechos humanos, tales como uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos, y dan muestras de una corrupción generalizada". Amnistía recuerda que "el derecho internacional prohíbe absolutamente la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluso durante un estado de guerra o de excepción" .
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